Fallo cuestiona la base jurídica de la sanción y advierte riesgos para el ecosistema de capacitación.
Un nuevo precedente en materia de fiscalización pública se configura en la Región de Atacama. El Juzgado de Letras del Trabajo de Copiapó acogió la reclamación interpuesta por OTEC ETYCA Profesionales Capacitación Limitada, dejando sin efecto una multa de 10 UTM aplicada por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE).
La sentencia anuló la Resolución Exenta N°85 (25.03.2025), concluyendo que el acto sancionatorio presentaba defectos relevantes de tipicidad y congruencia, elementos esenciales del debido proceso administrativo. El tribunal estableció que la imputación fue formulada de manera genérica, sin describir con precisión la conducta infraccional, afectando el derecho a defensa del organismo técnico.
Claves del fallo
- El curso cuestionado fue ejecutado en modalidad e-learning, conforme a lo autorizado.
- Las actividades presenciales observadas correspondían a acciones independientes, financiadas por el propio OTEC.
- La fiscalización confundió ambas prestaciones, generando una imputación errónea.
- La resolución sancionatoria no cumplió estándares mínimos de fundamentación jurídica.
Impacto para el sector: más allá de una multa
El caso genera inquietud en el ecosistema de capacitación: una fiscalización defectuosa no solo deriva en sanciones económicas, sino que puede afectar contratos, reputación y continuidad operativa de los OTEC.
Más aún, el fallo revela una situación sensible: la autoridad administrativa sostuvo su posición incluso en sede judicial, movilizando recursos institucionales para defender una sanción que finalmente fue invalidada.
Posteriormente, mediante Oficio Ordinario D.R.3 N°163, de 28 de julio de 2025, el propio SENCE Atacama reconoció el resultado judicial, dejando sin efecto la multa y ordenando gestionar su devolución ante Tesorería.
Un punto crítico: la formación del fiscalizador
El fallo deja una señal clara para la institucionalidad:
👉 la capacitación técnica y jurídica de los funcionarios fiscalizadores resulta determinante.
Errores en la interpretación de modalidades de ejecución, en la valoración de la prueba o en la formulación de cargos pueden derivar en actos administrativos inválidos, con costos directos para el Estado y efectos negativos en la confianza del sistema.
En este caso, el tribunal evidenció que la fiscalización se sustentó en una lectura incompleta de los antecedentes, omitiendo elementos que desvirtuaban los cargos formulados, lo que finalmente llevó a la anulación de la sanción.
Lectura de fondo
El precedente instala una discusión relevante para empresas, autoridades y organismos técnicos:
La potestad fiscalizadora del Estado exige rigor técnico, precisión jurídica y formación especializada. Sin estos elementos, el riesgo no es solo sancionar mal, sino debilitar la credibilidad del sistema completo.
RESULTADO FINAL
✔ Reclamo acogido
✔ Multa de 10 UTM anulada
✔ Resolución administrativa dejada sin efecto
✔ Reintegro instruido por SENCE
Conclusión para el mundo empresarial:
El caso ETYCA vs. SENCE Atacama confirma que las decisiones administrativas pueden —y deben— ser revisadas en tribunales cuando no cumplen estándares legales. También refuerza la necesidad de una fiscalización profesionalizada, especialmente en un sistema donde convergen recursos públicos, privados y confianza institucional.
Copiapó | 20 de mayo de 2025
Causa: RIT I-37-2025 | RUC 25-4-0665894-8
