Por Katia Riveros Zepeda
Educadora de Párvulos
Profesora de Educación Diferencial
Magister en Educación
Doctoranda en Educación y Eco transformación
En la discusión sobre el derecho de acceso a sala cuna estamos asistiendo a una particular captura de sentido: aquello que debiera debatirse en el terreno de los derechos comienza a desplazarse discursivamente hasta hacer aparecer un derecho como una amenaza.
Han circulado afirmaciones que sostienen que reconocer a niños y niñas menores de dos años el derecho a acceder a una sala cuna permitiría al Estado separarlos de sus familias. Como educadora de párvulos y profesional de la educación, considero necesario aclararlo: reconocer un derecho de acceso no significa imponer una obligación de asistencia ni autoriza al Estado a intervenir arbitrariamente en las decisiones de crianza de las familias. Significa asegurar que quienes necesiten o decidan utilizar este nivel educativo puedan hacerlo en condiciones de calidad, seguridad y equidad.
Hay algo especialmente grave cuando afirmaciones de esta naturaleza provienen de personas que ejercen cargos públicos y participan directamente en la labor legislativa. Quienes legislan tienen acceso a los proyectos, a sus antecedentes y a las discusiones necesarias para comprender aquello sobre lo cual se pronuncian. Su responsabilidad pública exige informar con rigurosidad, no tergiversar los contenidos ni instalar interpretaciones que el propio proyecto no sostiene.
Presentar un derecho como si fuera una obligación no constituye simplemente una diferencia de opinión. Es una operación discursiva que desplaza el sentido de la discusión e impide abordar aquello que la ciudadanía realmente necesita debatir. Las afirmaciones circulan, se repiten y pueden terminar sedimentándose como falsas verdades, difíciles de desmontar. La desinformación deja entonces de ser un episodio aislado e interviene en la manera en que una sociedad comprende sus propios derechos.
La discusión sustantiva está en otro lugar. Los niños y las niñas son sujetos de derecho desde su nacimiento y la sala cuna constituye el primer nivel de la educación parvularia. No es solamente un lugar de cuidado ni el espacio donde permanecen mientras sus madres, padres o cuidadores trabajan. Es un espacio educativo en el que se construyen vínculos afectivos, se desarrolla el lenguaje, se juega, se explora, se convive y se producen aprendizajes fundamentales para el desarrollo integral.
Esto adquiere especial relevancia si observamos las transformaciones que han experimentado las familias y las formas de crianza durante las últimas décadas. En las familias extensas, niños y niñas crecían frecuentemente rodeados de hermanos, primos, abuelas, tías y otros integrantes de la comunidad familiar. Esa convivencia cotidiana e intergeneracional ofrecía múltiples oportunidades para observar, imitar, comunicarse, compartir, resolver pequeños conflictos y aprender a relacionarse con otros.
No se trata de idealizar aquellas formas familiares ni de sostener que las familias actuales ofrecen menos afecto, protección o posibilidades de desarrollo. Se trata de reconocer una transformación social. Las familias se han hecho más pequeñas y diversas; han aumentado los hogares nucleares y monoparentales; las redes comunitarias de apoyo se han debilitado en muchos contextos y las mujeres se han incorporado masivamente al trabajo remunerado, aunque las responsabilidades de crianza y cuidado continúan recayendo desproporcionadamente sobre ellas. Todo ello ha modificado también las condiciones en que transcurre la primera infancia.
En ese escenario, una educación parvularia de calidad amplía las experiencias de convivencia y aprendizaje disponibles para niños y niñas. La sala cuna posibilita el encuentro con pares y otros adultos significativos; ofrece oportunidades para comunicarse, explorar, compartir espacios y objetos, expresar necesidades, reconocer límites y construir progresivamente confianza y autonomía.
No reemplaza a la familia ni disputa su responsabilidad formadora. La complementa y amplía las redes que acompañan la crianza en un contexto histórico distinto. Tampoco debe confundirse con una escolarización anticipada. Durante los primeros años se aprende mediante el afecto, el vínculo, el movimiento, el juego, la observación y la exploración. Precisamente por ello la educación de la primera infancia requiere profesionales especializados y condiciones adecuadas de infraestructura, dotación, seguridad y bienestar.
Por supuesto, el proyecto puede y debe discutirse críticamente. Su financiamiento, cobertura, calidad e implementación; las condiciones laborales de quienes trabajan en educación parvularia; la distribución territorial de la oferta; la corresponsabilidad social de los cuidados y la persistente desigualdad que continúa haciendo recaer gran parte de estas tareas sobre las mujeres merecen un debate serio.
Pero existe una cuestión que no debiéramos perder de vista. Durante décadas, la sala cuna ha sido discutida principalmente en relación con el trabajo de las personas adultas y, particularmente, como una condición para facilitar la participación laboral de las mujeres. Esa dimensión es fundamental, porque las desigualdades en la organización social de los cuidados siguen limitando su autonomía económica y sus posibilidades laborales. Pero no basta.
Reconocer el acceso a la sala cuna como un derecho de niños y niñas produce un desplazamiento fundamental: ellos dejan de aparecer únicamente como personas que necesitan ser cuidadas mientras los adultos trabajan y pasan a ser reconocidos como titulares de derechos. Su bienestar, su desarrollo integral y su interés superior adquieren entonces centralidad propia y no derivada de las necesidades laborales de los adultos.
Ese cambio importa. La educación parvularia desde la sala cuna no es un beneficio accesorio ni una simple solución al problema laboral de las familias. Es parte del derecho a la educación desde los primeros años y una oportunidad para enriquecer el desarrollo afectivo, cognitivo, comunicativo y social, además de contribuir a enfrentar tempranamente desigualdades que comienzan mucho antes del ingreso a la escuela.
Ese es el debate que merece la primera infancia. Para sostenerlo necesitamos información rigurosa y una discusión pública capaz de distinguir entre aquello que una iniciativa efectivamente establece y aquello que se afirma que establece. Quienes ejercen responsabilidades públicas tienen un deber especial en esa tarea, porque desinformar sobre un derecho no es inocuo: altera su comprensión social y puede terminar convirtiéndolo, discursivamente, en aquello que nunca fue.
Defender la libertad de las familias no exige negar los derechos de niños y niñas. Tampoco reconocer esos derechos significa desplazar a las familias de la crianza. La cuestión es precisamente la contraria: construir una política pública capaz de acompañarlas, corresponsabilizar socialmente los cuidados y garantizar que, desde el nacimiento, cada niño y cada niña encuentre condiciones dignas para aprender, convivir y desarrollarse plenamente.
