Tomás Garay Pérez es abogado, exseremi de Justicia y Derechos Humanos de Atacama y presidente regional del Frente Amplio Atacama.
Hablar de un “error del Estado” diluye una responsabilidad que corresponde examinar con precisión. Los decretos que redujeron las condenas de 56 personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes fueron firmados por autoridades del Gobierno en ejercicio de sus atribuciones, y un decreto no se firma solo ni la responsabilidad política puede desaparecer detrás de una firma. El lenguaje construye realidades, y esta debe nombrarse como lo que fue, una decisión.
Lo digo desde mi experiencia como seremi de Justicia y Derechos Humanos de Atacama durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric. En esos cuatro años el criterio administrativo fue rechazar las solicitudes de rebaja de condena de quienes habían cometido este tipo de delitos, poniendo en el centro la protección de las víctimas. Sabíamos que esas decisiones podían ser impugnadas ante los tribunales y que serían los jueces quienes resolverían la controversia, pero entendíamos que la autoridad administrativa debía asumir la responsabilidad de sus actos y no trasladarla a otros.
Los antecedentes conocidos muestran que entre marzo y mayo de este año el Ministerio de Justicia rechazó al menos cinco solicitudes de este tipo, mediante decretos firmados por el ministro Fernando Rabat y por el subsecretario Luis Silva, entre ellas la de un hombre condenado a once años por violar reiteradamente a una persona de menos de catorce años. Desde el 16 de junio comenzó a concederlas, afirmando que estaba jurídicamente impedido de negarlas, aunque la ley era la misma, los delitos eran de la misma época y la Corte Suprema había fallado en ambos sentidos. Lo único que cambió fue el criterio de quienes firmaban.
La controversia jurídica sobre la aplicación de la ley de 2022 a delitos cometidos antes de su vigencia es real y merece una discusión seria. Pero quien dispone de margen para decidir y elige una de las lecturas posibles no cumple una orden, ejerce una opción, y esa opción debe poder explicarse ante el país. Si negar estas rebajas era incumplir la ley, el propio ministerio la incumplió durante tres meses, y si no lo era, nadie lo obligaba a concederlas después. No hay forma de sostener ambas cosas a la vez.
Tampoco resiste el intento de instalar que el gobierno anterior actuó de la misma manera. Nuestra administración defendió un criterio restrictivo aun cuando ello implicara enfrentar recursos judiciales, e impulsó la creación de tribunales especializados en ejecución de penas, precisamente para que el control del cumplimiento de las condenas descanse en jueces y no en la autoridad política de turno. El actual Gobierno, en cambio, negó estas rebajas y luego dejó de hacerlo, de modo que no puede reprochar a otros lo que él mismo hizo.
La magnitud de los hechos exige transparencia. Cada uno de los 56 expedientes debe examinarse individualmente, sin confundir una reducción de pena con una excarcelación automática, pero tampoco minimizando sus consecuencias, porque detrás de cada uno hay una condena judicial y víctimas cuyo derecho a la justicia debe ser respetado. A ello se suman las rebajas concedidas a dos condenados por secuestro y tortura recluidos en Punta Peuco, lo que muestra que cuando el margen existe parece usarse siempre en la misma dirección.
Frente a la reacción del país, el Ministerio suspendió la tramitación de nuevos decretos y el Presidente decidió mantener a su ministro, encomendándole además la revisión caso a caso de decretos que él mismo firmó. Difícilmente eso puede llamarse una corrección. Las acciones penales ya presentadas serán resueltas por los tribunales, como corresponde, pero la responsabilidad política es distinta y exige explicaciones públicas y rendición de cuentas sin esperar una sentencia.
Desde el Frente Amplio sostenemos que la protección de niños, niñas y adolescentes debe ocupar un lugar central en las decisiones del sistema de justicia. Por eso exigimos que se transparenten íntegramente los fundamentos de los 56 decretos y que se agoten las vías jurídicas para dejar sin efecto los ya concedidos. Exigimos la renuncia del ministro Rabat y consideramos que la responsabilidad alcanza también al subsecretario Silva. Atacama, como el resto del país, espera de quienes gobiernan que respondan por sus decisiones, porque no basta con decir que se cumplió la ley, también hay que explicar cómo se interpretó, por qué se decidió de esa manera y quién asume sus consecuencias.
