CRISTINA BRAVO BASSI
Abogada- Copiapó
“Cómo podrá un joven portarse rectamente?
Viviendo de acuerdo a tu palabra”[i]
Las cifras de participación de menores de edad en la comisión de delitos, no puede ni debe ser ignorada, “durante el 2018 ha existido una alta participación de menores en delitos violentos, tales como, robo con violencia e intimidación (22.8% del total); robo de vehículos (28,9% del total); robo por sorpresa (29,7% del total); y casos de detención por tenencia de armas (46,2% del total). Asimismo la participación de menores de edad en bandas delictuales, aumentó en un 90% en el año pasado”[ii].
Es por lo anterior que el gobierno está intentando revertir este contexto y se han presentado propuestas, promoviendo la ampliación del control de identidad preventivo a jóvenes desde los 14 años, (hoy sólo se lleva a cabo en el caso de que existan indicios claros de delito), no obstante, la oposición ha generado una batahola carente de sustento, puesto que aseguran que ésta es una medida discriminatoria y basada en estereotipos, olvidándose que éste es un instrumento destinado netamente al control de una actividad punible y ¿no es acaso un deber de las policías de orden y seguridad, prevenir y controlar el delito? ¿cómo entonces pretende la oposición dar una solución a esta problemática si en todos estos años con el método que utilizaron no lograron nada? Pareciera ser que hay una absurda cruzada por quitarles a nuestras policías su autoridad y los medios posibles para torcerle la mano a la delincuencia. Con esta vía no estamos discriminando ni basándonos en estereotipos, simplemente le estamos otorgando a nuestras policías un medio razonable y proporcional para ejercer su labor. La correcta ejecución de este instrumento, es con el límite que nuestra misma Constitución les impone; un debido proceso y respeto a los derechos humanos, algo, absolutamente acorde al Estado de Derecho.
Ninguna persona nace “delincuente” por lo mismo si éstos aumentan, algo está fallando, algo se ha hecho mal, algo hay que hacer… La delincuencia afecta a nuestros menores de edad, transformándolos incluso en víctimas, tanto por cometer o sufrir un delito porque no podemos olvidar que detrás de un delincuente hay toda una historia de vida.
Si tenemos en consideración que muchos de estos jóvenes tienen factores de riesgo micro-sociales (negligencia parental, familia multiproblemática, padecimiento de violencia), acompañados de factores meso- sociales (amistades, pobreza, barrio, subcultura del crimen), claramente se evidencia un apoyo social para el delito, pero lo más preocupante es que en muchos casos vemos factores de riesgo exo- sistemáticos, lo que hacen que la falta de oportunidades de inserción social para los jóvenes o carencia de actividades recreativas pro- sociales, los induzcan a normalizar las acciones típicas, antijurídicas y perfectamente reprochables, pero lo particularmente preocupante es el consumo de droga, si bien no significa que todo adolescente infractor de ley es un drogadicto, no podemos negar, que a mayor consumo, mayor probabilidad de generar una adicción y esa misma probabilidad aumenta de forma directamente proporcional a un eventual comportamiento delictivo para obtener la sustancia ilícita.
Cuando la familia y en específico los padres no están llevando a cabo su rol de forma adecuada, el Estado debe intervenir, ya sea por medio de políticas y programas de prevención o por medio de nuestro sistema punitivo tutelar (ley Responsabilidad Penal adolescente), toda vez que, el mismo espíritu de esta la ley nos indica que para prevenir el aumento de la delincuencia de los adolescentes debemos combinar este sistema que si bien, responsabiliza a los adolescentes, por otro lado, busca restaurar y/o reeducar a los jóvenes, porque aunque estemos en presencia de “infractores de ley” nunca dejan de ser sujetos de derechos que deben ser protegidos tanto en su desarrollo e inserción social.
Por lo mismo, necesitamos que nuestras autoridades y nuestros parlamentarios legislen y aboguen por políticas públicas con clara tendencia a velar firmemente por el interés superior de los adolescentes y si para ello debemos permitir la ampliación de un control preventivo de identidad, ¡Hay que hacerlo!, obviamente, acompañado de mayor promoción de programas de prevención del delito en adolescentes y en los casos ya más profundos, con una correcta aplicación de intervenciones psico-educativas y sociales, que la misma ley de responsabilidad penal adolescente impone llevar a cabo en estos jóvenes infractores de ley, y que por regla general han sido vulnerado en sus derechos…
Finalmente si bien la etiología del delito, nos da una amplia gama de modelos que revelan factores, causas, riesgos y consecuencias de la delincuencia adolescente, “las explicaciones unidimensionales de la delincuencia no son suficientes…la delincuencia es un fenómeno dinámico, multicausal y complejo”[iii] y como sociedad debemos enfrentarla, con responsabilidad, mesura y sentido común.
[i] Salmo 119:9
[ii] http://www.seguridadpublica.gov.cl/noticias/2019/03/28/ministro-del-interior-anuncia-que-este-viernes-se-enviara-al-congreso-el-proyecto-de-control-preventivo-de-identidad/
[iii] Munizaga Acuña Anamaría; “Potencialidades del enfoque de factores de riesgo, breve revisión de las teorías del delito”, p.4.
