Por Manuel Corrales González
Tras la segunda aprobación del leaseback, tras comprobarse la insistencia del Alcalde de vender y traspasar la propiedad del Centro Cultural, quedan algunas cosas en el tintero que es necesario comentar. Primero, señalar que la votación de ese entonces fue lamentable, mas no pierdo la oportunidad de volver a felicitar a la Concejala Fernández por su consecuencia al ser el único voto en contra, en tanto y por consiguiente, los demás concejales tendrán que dar cuenta por su voto. Pudieron ser muy plausibles las declaraciones en relación a los considerandos que se pudieron haber tenido, pero al final del día, por desgracia, lo que queda fue la votación.
Es lamentable ver cómo se pone en riesgo el patrimonio de toda la ciudadanía – en este caso como lo es el Centro Cultural de Atacama y que no se les haya tomado el parecer a los gestores culturales y sociales que son quienes debieron tomar la palabra en primer lugar. En este caso, como se trata de una enajenación de bienes tan importantes, llama la atención que esta parte de la ciudadanía no haya sido consultada. No hubo deliberación, ni consulta de parecer a la gente, ni tampoco intención de recordar que todos aquellos que son ungidos como autoridad, vienen de paso y son las instituciones las que quedan. Una y otra vez vemos la misma historia, la de los mismos de siempre quienes imponen su parecer, usando su mayoría en el Concejo Comunal y esperemos que pronto eso cambie, por el bien de Copiapó y de su patrimonio material e inmaterial.
Lo que la municipalidad tiene que hacer para conseguir ahorros – porque en verdad arrastra costos altísimos – es básicamente eliminar de la plantilla a todos los operadores políticos que salieron del Gobierno anterior tras su derrota en las urnas y llegada en masa al Municipio en funciones que hasta el día de hoy, son poco claras para el común de la gente.
Así que si se busca el optimizar el flujo económico, sobre todo en una Municipalidad de Capital Regional como lo es Copiapó, lo mejor es eliminar a los operadores políticos que son la grasa del Estado, que ahora está en los Gobiernos comunales. Sólo así podrá quitarse el mal sabor de boca a una ciudad, que ve, como progresivamente en sólo cuatro años, se va despojando del patrimonio de decenios, siendo una verdadera bofetada a la comunidad, configurándose un verdadero atentado patrimonial.
