Iniciamos el 2021 con una gran noticia, pues el Presidente de la República, Sebastian Piñera, junto al Ministro del Interior, Rodrigo Delgado y el Ministro de Justicia y DD.HH, Hernán Larraín, presentó el proyecto de ley que crea el Nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos.
A grandes rasgos esta iniciativa legal busca crear una nueva institucionalidad para el fortalecimiento del derecho de acceso a la justicia de las personas, mediante la implementación de diferentes líneas de acción con el objetivo de establecer un servicio eficiente, cercano e integral para las personas.
Este proyecto nos permite cumplir con uno de los compromisos de la Agenda Social del Gobierno, que es garantizar y fortalecer el acceso a la justicia para todas las personas, sin distinción, con una mejor justicia enfocada en las necesidades jurídicas ciudadanas. Esta nueva institucionalidad, contará con una serie líneas de acción. Por una parte, integra la oferta programática de las Corporaciones de Asistencia Judicial con la defensoría de víctimas de delitos, e incluye programas especializados, como el Programa Mi Abogado y el Defensor del Adulto Mayor y una línea de acción en el ámbito de los Derechos Humanos.
Con este proyecto se logra crear una única institucionalidad, que hoy está dispersa en distintos ministerios, servicios y programas, bajo el alero de una Política Nacional de Acceso a la Justicia. Con ello se estandariza y profesionaliza la atención, orientación y representación jurídica a las personas, especialmente las más vulnerables en el ámbito laboral (despidos, por ejemplo), de familia (pensiones de alimentos), civil (contratos de arriendo) y penal (víctimas de delincuencia). Es la modernización más importante de los últimos 50 años en cuanto a Acceso a la Justicia, que ha sido un proceso trabajado desde el primer día de nuestro gobierno con apoyo del Programa EuroSocial de la Unión Europea, y que en el contexto de la pandemia se han redoblado los esfuerzos para concretar. Esperamos que ese esfuerzo continúe en el Congreso para que en breve plazo este proyecto sea una realidad.
Otros de los aspectos centrales de esta iniciativa es la creación de la Defensoría de Víctimas de Delitos con foco en la promoción y defensa de los derechos de las víctimas, considera la representación jurídica y la atención psicológica y social, a personas naturales que carezcan de defensa en su rol de víctimas en materia penal, estableciendo la universalidad plena en términos de acceso, con especial foco en víctimas de delitos contra la vida e integridad física o psíquica, la libertad y/o integridad sexual, y la libertad ambulatoria.
Con el objeto abordar los desafíos de acceso a la justicia de mediano y largo plazo, generando políticas públicas que aborden las problemáticas de manera sistémica y coordinada, se crea un Consejo Nacional integrado por autoridades, representantes del mundo académico y sociedad civil. Además se plantea el desarrollo de un Plan Nacional de Acceso a la Justicia, con una duración de cinco años que permita avanzar en acciones, medidas y programas concretos, que materialicen los objetivos estratégicos propuestos por el Consejo Nacional, y que se implementen a nivel regional.
Margarita Contreras Ríos
Abogada
Seremi de Justicia y Derechos Humanos
Región de Atacama
