RODRIGO GONZÁLEZ PINTO
DIRECTOR REGIONAL DEL SERNAC
REGIÓN DE ATACAMA
Tras detectar, a través de los reclamos y alertas ciudadanas una serie de prácticas que podrían ser infracciones a la Ley del Consumidor, hemos iniciado una fiscalización a las automotoras del país.
Se trata principalmente de retardos en la entrega de los vehículos, ventas atadas y negativa a la venta si la persona no opta por un crédito ofrecido por la misma empresa.
Un vehículo no es cualquier producto, pues se trata de una compra de alto valor para las familias, que muchas veces se paga a muchos años. Por tanto, cualquier incumplimiento produce un daño mayor a los consumidores.
Durante el 2020 y lo que va de este año, el SERNAC ha recibido más de cincuenta reclamos, donde los consumidores relatan que las automotoras les niegan la venta cuando indican que desean pagar en efectivo, vía transferencia o tarjeta de crédito y sólo acceden si se hace exclusivamente mediante un crédito automotriz otorgado por la propia empresa.
Las empresas no pueden condicionar una venta a la adquisición de un crédito, que, además, por definición tiene un mayor costo. No puede existir excusa para que un consumidor no pueda pagar en efectivo por un producto.
Por su parte, un vehículo puede ser una herramienta de trabajo, por lo que, dado el estado de excepción constitucional actual por la pandemia, la ley sanciona especialmente a los comerciantes que incurran en ventas atadas o condicionen la venta a la adquisición de otros servicios o mercaderías.
Al SERNAC también han llegado reclamos que indican que no se estarían respetando las fechas de entrega de los vehículos comprados o demorarían en la devolución del dinero de reservas anuladas.
Respecto a esta situación, si bien puede haber razones externas que justifiquen la demora, debemos indagar sobre las razones objetivas de ello, y especialmente, cómo se le está informando al consumidor de estos retrasos. Si una empresa sabe de antemano que pueden existir demoras, debe comprometerse con plazos posibles de cumplir.
A través de esta fiscalización, buscamos recabar los antecedentes necesarios para verificar si se trata de una práctica extendida y si se están vulnerando los derechos de los consumidores. En caso de comprobar que existen infracciones, tomaremos las acciones que correspondan.
