Los profesionales serán los encargados de dialogar con niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos a partir del próximo 3 de junio, cuando la Ley 21.057 entre en funcionamiento en la Región de Atacama.
A través de una ceremonia telemática encabezada por el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, la Fiscalía de Atacama junto a Carabineros de Chile y la PDI, celebró la investidura de 119 entrevistadores pertenecientes a la segunda etapa de implementación de la Ley 21.057 de Entrevistas Videograbadas. De los cuales 14 se desempeñarán en la Región de Atacama.
La actividad tuvo como objetivo reconocer y destacar el rol clave que jugarán estos profesionales formados en cursos especializados para adoptar metodologías de entrevistas a niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos, lo que permitirá evitar su revictimización como consecuencia de su participación en el proceso penal.
Los entrevistadores investidos iniciarán sus funciones el próximo 3 de junio, cuando inicie la puesta en marcha de la segunda etapa de la ley que incluye las regiones de Atacama, Coquimbo, Biobío, Ñuble, La Araucanía y Los Ríos. Se trata de 65 profesionales del Ministerio Público, 25 de Carabineros y 28 de la PDI.
Respecto de la implementación de esta Ley en Atacama, el Fiscal Regional, Alexis Rogat Lucero, indicó que el Ministerio Público hace más de un año que se viene preparando para la puesta en marcha de esta nueva normativa, tanto en el plano de la infraestructura, con la habilitación de salas especializadas para las entrevistas en Copiapó, Vallenar y Chañaral; como en la preparación y acreditación de fiscales y profesionales que cumplirán con este importante rol. “Para la Fiscalía de Atacama la implementación de la Ley 21.057 es un desafío relevante por lo que significa en relación a la protección y resguardo de las niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos graves. Confiamos en el compromiso, dedicación y profesionalismo de quienes integran la institución, ya que esta nueva herramienta investigativa involucrará el compromiso de todas y todos los fiscales y funcionarios. Especialmente de los 7 entrevistadores de la Fiscalía”, dijo Rogat Lucero.
Por su parte, el jefe de la Tercera Región Policial de la PDI, prefecto Hugo Haeger, indicó que la institución ya cuenta con cuatro oficiales capacitados y acreditados para intervenir en las entrevistas a las víctimas. “Desde la etapa de marcha blanca que comenzó la Fiscalía de Atacama en el mes de marzo, los entrevistadores de la PDI han participado como observadores y también han hecho entrevistas investigativas, quienes han manifestado el compromiso que han visto entre todos los participantes y en las duplas que han hecho con funcionarios del Ministerio Público y Carabineros, generando un equipo de trabajo cuyo principal objetivo en velar por la integridad de las víctimas”, señaló.
Por su parte, el jefe de la Tercera Zona de Carabineros, general Luis Aguilera, destacó los procesos de preparación concretados con la Fiscalía de Atacama, particularmente con lo que dice relación con la Ley 21.057. “Como institución nos hemos preparado de forma sistemática para poder comenzar de buena manera con la implementación de esta Ley, contando con personal acreditado para asumir la diligencia de entrevista. Además de ser capacitados por la Fiscalía respecto de los protocolos de actuación que serán aplicados al momento de recibir la denuncia de las víctimas”, señaló.
Obligaciones de la Ley 21.057
La habilitación de espacios físicos adecuados para el desarrollo de las entrevistas, es una de las obligaciones comprendidas en la Ley, y para eso la Fiscalía de Atacama cuenta con 3 nuevas salas en la región.
La entrevista videograbada es una diligencia de investigación que debe ser decretada exclusivamente por el o la fiscal y debe realizarse por entrevistadores debidamente formados y acreditados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Asimismo, se establecen reglas que permitan iniciar un proceso investigativo en el menor tiempo posible, quedando este importante material en un registro digital, con acceso reservado a los intervinientes, policías, peritos y jueces/zas de Familia, siendo su exhibición controlada, con adopción de medidas de seguridad que eviten su copia y posterior difusión.
