Su voluntad de solicitar a la brevedad la conformación de una Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados y Diputadas, tras las denuncias de irregularidades dadas a conocer en un comunicado por el Sindicato N° 1 de la Fundición Hernán Videla Lira de la Empresa Nacional de Minería, ENAMI, manifestó la diputada (PS) por Atacama, Daniella Cicardini.
En lo esencial, el Sindicato acusa un daño a la empresa y sus trabajadores, y la falta de sanciones tras los resultados de una auditoría metalúrgica interna por irregularidades advertidas tanto por el propio ex vicepresidente de Enami, Robert Mayne-Nichools, en septiembre de 2020, como por trabajadores asociados al Sindicato N°1 y por el entonces superintendente de operaciones Carlos Fernández.
En ellas, entre otros aspectos, se alertaba la discordancia entre cifras de producción metalúrgica y los resultados finales en cobre fino; lo que motivó la solicitud de la citada auditoria por parte del entonces vicepresidente de la estatal. Asimismo, denuncian la demora en la entrega a los trabajadores de los resultados de la investigación interna, conocida en dicembre de 2020 por las autoridades pero dadas a conocer a la directiva del Sindicato, solo en una presentación y no entregadas físicamente, recién a fines de mayo pasado.
Al respecto, la diputada Daniella Cicardini indicó que los antecedentes expuestos por los trabajadores ameritan su indagación en profundidad en la instancia fiscalizadora, “ya que no se puede permitir a unos pocos hacer lo que se les antoje en una empresa estatal con recursos de todos los chilenos y chilenas, en las que siempre apelamos a una gestión responsable y eficiente, y los hechos que denuncia el sindicato dan luces de que ocurriría todo lo contrario al interior de ENAMI, lo que nos preocupa por su rol en la región y en apoyo a los pequeños mineros”.
La parlamentaria calificó además lo expresado por los representantes de los trabajadores, con quienes ya sostuvo distintos encuentros, como “gravísimo; ya que ya no estamos hablando solo de una mala administración que ha perjudicado los resultados financieros de la empresa; acá estamos hablando derechamente de irregularidades como la manipulación de datos respecto a las emisiones al medioambiente y la alteración de resultados de la empresa”.
“Esto, reitero, me parece de la mayor gravedad, porque además de perjudicar a sus trabajadores y trabajadoras, y a la propia empresa por una mala gestión, implica también que se habría estado poniendo en riesgo y jugando con el daño al medioambiente y la salud de la población”.
“Y en ese punto yo valoro y coincido con lo señalado por el sindicato, en el sentido que la empresa pudo haber hecho compatible el funcionamiento de la fundición dentro de las normas ambientales establecidas, y garantizar el seguir cumpliendo su gran objetivo en apoyo a la pequeña minería, si se hubiese escuchado a tiempo las advertencias de los trabajadores, y las que ha venido haciendo la comunidad y nosotros mismos a través de nuestro rol fiscalizador.”, afirmó Cicardini.
En la misma línea, la legisladora afirmó que “acá han habido situaciones alertadas por los trabajadores que han motivado incluso la realización de auditorías internas, que en gran medida recogen las denuncias, finalmente quedan en nada porque no se aplican las sanciones a quienes corresponde. Es decir, se hace como que se les escucha pero no se actúa en consecuencia”.
“Por el contrario, vemos con preocupación y molestia la desvinculación del ahora ex Superintendente de Operaciones de la Fundición Hernán Videla Lira, Carlos Fernández, y pediremos los antecedentes de su situación, porque sería impresentable e indignante que se compruebe una vez más que estamos ante el mismo modo de operar que lamentablemente hemos visto en el pasado ante denuncias de ejecutivos y de trabajadores y trabajadoras en otras empresas del Estado como Codelco”.
“Es decir, en lugar de valorar y premiar a quienes se atreven a denunciar, cuidar a una empresa del Estado y velar por su transparencia, se les termina pasando a llevar a ellos en sus derechos, se les persigue y sanciona y desvincula. O sea el mundo al revés”, enfatizó la diputada Cicardini.
En tanto, Eduardo de la Barrera, presidente del sindicato N°1 de ENAMI Paipote, valoró el anunció de la solicitud de la comisión investigadora, y fue categórico en señalar que “nos cansamos y queremos que se investigue a fondo, y se descubra la verdad sea cual sea”.
“Nadie se ha robado nada pero se mejoró gestión en base a adulteración de datos, y para nosotros tiene el mismo efecto. Falsificando datos las consecuencias que vemos es que los resultados que se entregaban en papel, no coincidían con la realidad que teníamos en la fundición. Los equipos se deterioraron porque no hubo dinero para comprar los concentrados respectivos, empezamos a fundir escoria y a trabajar con materiales inapropiados. Empezamos a vulnerar los límites establecidos por emisión de gases y hoy vemos que la fundición está prácticamente detenida”, detalló el dirigente.
