Por: Paloma Fernández Valdés
Concejala de Copiapó.
Hoy a 20 años del trágico temporal del 97, nos encontramos nuevamente en la misma situación de vulnerabilidad y desprotección, perdón nos encontramos en una situación peor, ya que en esa oportunidad el río no se desbordó como este año hacia las viviendas, a pesar de ser mucho más los milímetros caídos en esa oportunidad.
Resulta simbólico que veinte años después, un mismo día estemos interponiendo un Recurso de protección contra el Estado por no estar resguardando de manera adecuada nuestros derechos, una vez más sufrimos el daño de nuestros bienes y el daño moral de vivir en un lugar en que nos encontramos en una situación de indefensión, no por causa de la naturaleza, más bien por la mala planificación urbana.
Hablo de una mala planificación, ya que el desarrollo inmobiliario no ha considerado aspectos centrales como las zonas inundables y las históricas crecidas del Río, estrechándolo cada día más, en especial al momento de construir el mall, lo que significó estrechar casi a la mitad el cauce con los puentes que se construyeron y que evidentemente fueron causas importantes en los desbordes hacia el sector norte de la ciudad de Copiapó del año 2015 y 2017 , puesto que el año 1997 el desborde fue principalmente hacia la cancha Ojancos.
Es por lo anterior, que al momento de presentar el recurso de protección, estamos exigiendo al Estado asumir su omisión en la supervigilancia del Cauce del Río y también la aplicación del decreto 609 que fija normas para establecer deslindes propietarios riberanos con el bien nacional de uso público por las riberas de los ríos, lagos y esteros “El Ministerio de Tierras y Colonización fijará por un decreto supremo los deslindes de los cauces de los ríos, lagos y esteros, de oficio cuando las circunstancias así lo exigieren…” Creemos que sólo en la medida en que el estado asuma su responsabilidad en reestablecer el cauce del río, podrá trabajar en las medidas definitivas de evacuación de aguas lluvias.
Por eso hoy nos movilizamos desde Tierra amarilla hasta san Pedro, exigiendo al Estado la garantía de nuestros derechos constitucionales.
