Paola Tapia S. (*)
Los últimos años hemos visto cómo el uso de transportes alternativos al automóvil ha tenido un aumento sustancial en nuestras ciudades. Trasladarse al trabajo en bicicleta, usar motocicletas y cada día tener más caminatas, se ha instaurado como un cambio en la movilidad de las personas, donde todos los actores requerimos reglas claras de convivencia y respeto mutuo.
Después de dos años de tramitación en el Congreso Nacional -estamos en las instancias que esperamos sean las finales en el Senado- para contar con un proyecto de ley marco de convivencia de los distintos modos en que nos desplazamos. Se trata de una iniciativa inédita trabajada en conjunto con más de 60 organizaciones ciudadanas de ciclistas, motoristas y asociaciones de víctimas, además de expertos.
Este proyecto, aprobado transversalmente y en forma unánime en la Cámara de Diputados, busca entregar un renovado marco regulatorio a esta nueva relación de movilidad, donde se establecen no sólo derechos, sino también deberes para peatones, ciclistas y conductores.
En este cambio normativo uno de los puntos relevantes es la reducción de la velocidad en zonas urbanas, pasando de los actuales 60 a 50 km/hora, propuesta que dejaría a Chile dentro de las naciones desarrolladas en materia de seguridad vial. Cabe destacar que nosotros, junto a Japón, somos los únicos miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que no hemos realizado este cambio.
Pero ¿cuál es el efecto de reducir 10 km/h? La experiencia demuestra que la posibilidad de frenado de un auto que viaja a 60 km/h es menor y en caso de impactar a una persona, esta queda herida con una posibilidad de sobrevivencia inferior al 10%; por lo tanto, el riesgo de un resultado fatal es evidente. Por el contrario, si el vehículo se desplaza a 50 km/h, el conductor podría frenar a tiempo y evitar el accidente.
El proyecto de Ley de Convivencia se enmarca dentro del trabajo que estamos desarrollando a través de Conaset, para contar a fines de este año con una nueva política nacional de seguridad vial, pues la primera data de 1996, que se complementará a otras políticas como la Ley de Tolerancia Cero, implementada en 2012, y la Ley Emilia, promulgada durante este gobierno.
A partir de todas estas iniciativas, que se suman a las campañas educativas desarrolladas tanto por el sector público como privado, continuamos modificando conductas y difundiendo la importancia de adoptar medidas y acciones que permitan disminuir los accidentes con consecuencias fatales.
Como Ministerio de Transportes tenemos la convicción de que la seguridad vial, y lo más importante, salvar vidas en el tránsito, es un tema transversal que nos debe convocar y unir y en el cual todos debemos comprometernos.
(*) Ministra de Transportes y Telecomunicaciones
