A 47 años de la Nacionalización del cobre
*Proceso sellado por el ex Presidente Salvador Allende dejó en manos del Estado los principales yacimientos productores del metal rojo del país. Lamentablemente, con el paso de los años y la llegada de la Concertación al poder se produjo la “desnacionalización” del cobre.
Una de las más importantes acciones emprendidas por el Estado chileno, solo comparable con la Independencia de Chile, es la Nacionalización del Cobre. Cincuenta años tardaron los políticos en épocas pasadas en recuperar la mayor riqueza de todos los chilenos que, hasta entonces, estaba en manos extranjeras. La acción la emprendió el pueblo chileno al hacer realidad en las urnas el mandato popular.
El 11 de julio de 1971, el Estado de Chile, la propuesta del Presidente Salvador Allende Gossens, fue aprobada por el Congreso Nacional en pleno que, a través de una Reforma Constitucional, nacionalizó el cobre que estaba en manos de empresas extranjeras.
Al comenzar la década de 1960, el surgimiento de ideas reformistas y revolucionarias en América Latina instalaron en la opinión pública nacional, el tema de la recuperación de las riquezas básicas, cobrando fuerza los postulados de la nacionalización. Un primer paso en este proceso lo constituyó la llegada al Gobierno de Eduardo Frei Montalva y su programa de «Revolución en Libertad», cuya línea económica proponía un conjunto de reformas estructurales, destacando una nueva política cuprífera conocida como la Chilenización del Cobre (1964).
Este proceso culminó el 11 de julio de 1971, cuando el Congreso Nacional aprobó, a través de una reforma constitucional y por unanimidad, la nacionalización de la gran minería del cobre, caratulada como Ley Nº 17.450, cuyos principales yacimientos eran, en su gran mayoría, propiedad de empresas estadounidenses.
Un punto polémico se desató luego, debido a que el gobierno de Salvador Allende determinó pagar la indemnización correspondiente al «valor libro» a las empresas norteamericanas, es decir, descontando las ganancias excesivas. En la práctica, esto significaba no cancelar monto alguno a las empresas, pues se habían llevado tanto, que nunca podrían pagar lo adeudado, como lo habían hecho la Anaconda Company y la Kennecott.
El texto de la reforma que aprobó el Congreso Nacional y que tenía siete carillas tamaño oficio a un espacio, señalaba lo siguiente, en lo sustancial: «Por exigirlo el interés nacional y en ejercicio del derecho soberano e inalienable del Estado a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, nacionalícese y declárase, por lo tanto, incorporadas al pleno y exclusivo dominio de la nación, las empresas que constituyen la Gran Minería del Cobre».
El Presidente Salvador Allende celebró el hecho histórico en Rancagua, en un masivo acto donde destacaban los cascos multicolores de los mineros. Según la prensa de la época, «el Jefe de Estado hizo una completa exposición del estado en que se encuentran los yacimientos cupríferos y llamó a los trabajadores de El Teniente a redoblar sus esfuerzos para aumentar la producción del mineral que ha denominado ‘el Sueldo de Chile'».
Este trascendente acto político no sólo dejó en manos de nuestro país una de sus principales riquezas naturales; sino que también dio origen a la Corporación del Cobre de Chile que, en 1976, pasó a denominarse Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) de la cual dependían El Teniente, Exótica, Chuquicamata, Salvador y Potrerillos.
DESNACIONALIZACION
Eso es lo que dice la Historia grande de Chile. Pero, lamentablemente, de la Nacionalización del cobre por Allende pasamos a la desnacionalización del cobre por la Concertación, ya que en vez de la defensa del patrimonio minero nacional, los gobiernos de la Concertación no sólo aplicaron la ley anticonstitucional de la Dictadura sobre el cobre, -reconociendo la propiedad privada de los yacimientos-, sino que perfeccionaron la ‘Concesión Plena’ y otros aspectos de la legislación minera que favorecieron con nuevos incentivos a las empresas extranjeras.
En los primeros gobiernos de la Concertación se aprobaron disminuciones de impuestos a las empresas mineras y modificaciones que disminuyen la base tributable. También durante los primeros gobiernos de izquierda se dictaron leyes que facilitaban la venta de los yacimientos entre empresas privadas y autorizaciones a CODELCO para traspasar a las empresas privadas los yacimientos no explotados y que permanecían como reservas futuras del mismo CODELCO.
En el Tratado de Libre Comercio Chile-Estados Unidos se perfeccionó los textos del TLC con Canadá, reconociéndose como parte de la inversión extranjera, los yacimientos chilenos de cobre, oro y otros minerales. Así, ellos pueden descontar como desgaste de capital, el desgaste del yacimiento para bajar las utilidades tributarias.
Estos tratados son tan ignominiosos que se establece que si Chile por razones superiores de utilidad pública procede a nacionalizar las empresas, debe pagar los yacimientos según los valores de mercado. La discusión de este tratado se inició en el gobierno de Aylwin, continuó en el gobierno de Frei Ruiz Tagle, se aprobó por el Congreso en el gobierno de Lagos, y finalmente fue promulgada por el Presidente Lagos a mediados de su mandato.
