Fiscalía suma más de $35 millones en acciones de apoyo a víctimas de delitos en contexto de violencia de género.    

Trabajo especializado centra su trabajo en función de las necesidades de personas afectadas por distintos ilícitos, especialmente violencia de género en contexto intrafamiliar.

La Fiscalía de Atacama, en su permanente trabajo de apoyo y protección a personas afectadas por delitos, suma un monto superior a los 35 millones de pesos durante el primer semestre de este año 2021, como parte de acciones destinadas a víctimas de delitos, especialmente aquellas referidas a violencia de género en contexto de intrafamiliar.

Respecto de esta materia, el Fiscal Regional de Atacama, Alexis Rogat Lucero, indicó que estos ilícitos tienen prioridad, tanto en lo que se refiere a persecución penal como en aquellas funciones destinadas a entregar protección a las víctimas. “La Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía de Atacama no ha dejado en ningún momento cumplir con su función durante la actual pandemia, entendiendo que los delitos de violencia de género se han mantenido a partir de los confinamientos ordenados por las autoridades respectivas con motivo de la realidad sanitaria del país. Lo que ha involucrado una atención permanente y trabajo dedicado de parte de los profesionales de esta Unidad del Ministerio Público”, dijo Rogat.

El Fiscal Regional agregó que en materia de persecución penal, durante el primer semestre en la región, se formalizaron a un total de 447 personas por hechos constitutivos de delitos de violencia de género en contexto de violencia intrafamiliar.

APOYO Y PROTECCIÓN

Relacionado a estos hechos, el jefe de la Unidad de Víctimas de la Fiscalía, Marcelo Miranda, infirmó que esta unidad, durante el primer semestre de este año, ha concretado acciones de protección a mujeres afectadas por estos delitos por un monto superior a los 35 millones de pesos en toda la región.

“El trabajo de la Unidad de Víctimas es amplio y en lo que refiere a esta temática, el monto involucra principalmente reforzamientos domiciliarios en aquellos casos en que se detecta un riesgo alto de la víctima y se requiere potenciar sus medidas de seguridad en el domicilio y no accede, por distintos motivos, a la reubicación de su residencia”, indicó Miranda.

En este sentido, el jefe de la Uravit, agregó que con motivo de la actual pandemia la reubicación de víctimas de violencia de género se ha visto dificultada por lo complejo que resulta insertarse laboralmente en otras comunas de la región o el país. “Actualmente los procesos de adaptación resultan más complejos para las víctimas, motivo por el cual la Fiscalía está en permanente atención de estas causas a partir de protocolos de actuación que son desarrollados por las y los fiscales de la región. Entendiendo que las particularidades de estas causas conllevan a que tengan diferentes realidades y distintos tiempos de tramitación”, dijo Miranda.

 

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