Protestas a favor y en contra de la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, terminaron el miércoles en agresiones físicas en las afueras de la prisión en la que cumple prisión preventiva por el caso «golpe de Estado».
Con palos, agua y piedras se anfrentaron este miércoles manifestantes a favor y en contra de la expresidenta interina de Bolivia,Jeanine Áñez, en las afueras del penal de mujeres Miraflores de La Paz en el que está detenida preventivamente desde marzo. El pasado fin de semana, Áñez presuntamente intentó suicidarse infligiéndose cortes en los brazos, tras lo que ha reiterado «no querer vivir» más y ha mostrado preocupación por los medicamentos que se le suministra en prisión.
En el marco del caso del supuesto «golpe de Estado» la exmandataria está acusada de “conspiración, sedición y terrorismo” por su presunta participación en noviembre de 2019 en un supuesto golpe de Estado que terminó con la renuncia del entonces presidente Evo Morales.
Áñez, que hasta ese momento era la segunda vicepresidenta del Senado de Bolivia, asumió la Presidencia siguiendo la línea de sucesión después que junto con Morales renunciaran su vicepresidente y los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, todos miembros del partido gobernante Movimiento al Socialismo, MAS. Tras casi un año de gobierno de Áñez y por medio de elecciones, el MAS regresó al poder con Luis Arce.
“Mensaje de auxilio”
El último fin de semana, tras confirmar la autolesión, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo que la salud de la exmandataria es “completamente estable” y que tiene unos “pequeños rasguños en uno de sus brazos”. Sin embargo, el abogado de la expresidenta, Jorge Valda, ha señalado que con este hecho, Áñez, que sufre de hipertensión arterial y síndrome ansioso depresivo, está enviando “un mensaje de ayuda, auxilio y socorro”. Por su parte, una comisión de la ONU, que pudo visitarla en prisión, ha constatado que la expresidenta se siente «físicamente debilitada y profundamente afectada emocionalmente».
En los últimos días se han realizado protestas frente a la prisión donde está recluida Áñez.
Para Franco Albarracín, abogado especialista en derechos humanos del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib), más allá de la posición política o ideológica que se pueda tener sobre la expresidenta, o si es culpable de delitos durante su gobierno transitorio, “ella es un ser humano y tiene derechos como cualquier otra persona”. “El Ministerio Público y el Poder Judicial han emitido decisiones ilegales en contra de Áñez y la han detenido sin previa notificación, incumpliendo no solo la ley nacional, sino también los tratados internacionales”, explica Albarracín a DW, criticando también que, a comienzos de agosto, un juez haya decidido extenderle por seis meses la prisión preventiva.
Otro ejemplo de las arbitrariedades contra Áñez sería su reclusión en una cárcel de La Paz, cuando ella vive en Beni: “La norma dice que cualquier persona que sea privada de su libertad tiene que cumplir, por lo menos, esta restricción dentro de un penal en su lugar de residencia”, comenta el experto del Cedib. Sin embargo, estas irregularidades no serían una novedad. “La detención preventiva de forma ilegal ha sido muy constante y normalizada en los gobiernos de Morales, Áñez y ahora de Arce, y nos olvidamos que esto puede afectar también de manera psicológica”, lamenta Albarracin.
El actual presidente de Bolivia, Luis Arce (Izq.), junto al expresidente Evo Morales. Ambos del partido izquierda MAS.
“Venganza” como lógica política
En esa misma línea opina la politóloga Bettina Schorr, del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín, quien critíca que todo lo que el actual partido de gobierno reprochó a sus oponentes, lo está reproduciendo dentro de su propio régimen. “Esto huele a venganza. Al parecer, una lógica política muy presente en Bolivia es que el oponente político es tu enemigo. Y cuando tú estás en el poder, tú puedes vengarte de él. Áñez también lo hizo durante su gobierno interino”, dice la experta alemana.
Esta situación, según Schorr, refleja que en Bolivia no hay un Estado de derecho y no existen órganos del Estado que funcionen independientemente de quién esté en el Ejecutivo. “Si todo se estuviese haciendo de forma transparente, ¿por qué no hay un proceso debido para Áñez? ¿Por qué no se agiliza el caso?¿Por qué no se permite a médicos privados que ingresen a la prisión?”, cuestiona la politóloga Schorr.
