El Proyecto se encuentra aprobado por el SEA, pero hay un proceso de reclamación en curso dentro del Segundo Tribunal Ambiental que busca dejar sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental por inconsistencias en su modelo hidrogeológico y otros impactos.
En tramitación se encuentra la reclamación judicial interpuesta por once personas naturales y la Comunidad Indígena Colla Pai’Ote en contra de las resoluciones del Comité de Ministros y del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que rechazaron sus recursos de reclamación ante la calificación favorable de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del Proyecto Blanco, de la empresa Minera Salar Blanco S.A.
El proyecto Blanco corresponde a una iniciativa interregional ubicada en la Región de Atacama que busca extraer litio desde el Salar de Maricunga, el que tendrá un fuerte impacto en el recurso hídrico y la biodiversidad de la zona, amenazada por este y otros proyectos mineros. Por ello, a través de la reclamación judicial que se encuentra en curso, se busca dejar sin efecto la RCA del 4 de febrero de 2020, por no considerar las observaciones ciudadanas y de comunidades indígenas.
Entre estas observaciones está el impacto en el recurso hídrico, ya que no hay un estudio hidrogeológico serio respecto del Salar. En el Estudio de Impacto Ambiental presentado ante el SEA, se especifica que un descenso piezométrico no tiene relación directa con un descenso a nivel superficial del recurso hídrico, basando su postura de no afectación en una teoría del núcleo arcilloso que genera un acuitardo (supuesta impermeabilidad entre las distintas capas del salar), la que es contradictoria con los propios estudios hidrogeológicos presentados por el titular y que no cuenta con respaldo técnico por parte del Estado.
«Salar Blanco es un proyecto que se basa en una enorme mentira, que es afirmar que debajo del Salar de Maricunga existirían dos cuerpos de agua separados por una carpa de arcilla, de manera tal que si extraen de forma masiva desde el de más abajo no afectan al cuerpo de agua de más arriba y de esa manera mantendrían a salvo las especies vegetales y animales de la superficie. Con esta mentira se ahorran miles de millones de pesos, ya que levantan un proyecto más sencillo y barato, con tecnología rudimentaria, y sin tener que invertir en medidas que impidan la destrucción de uno de los ecosistemas más valiosos y frágiles de la región de Atacama», señaló el abogado de parte de los reclamantes, Mauricio Daza.
Asimismo, habrá un impacto en el turismo, a pesar de que el titular asegura que esto no se verá afectado simplemente porque no se obstruyen los accesos. Sin embargo, según argumenta el recurso “habrá un impacto irreversible sobre la estética visual natural del sector. Además, falta la consideración de los efectos respectos de los proyectos localizados en el mismo Salar, entre ellos, La Coipa Fase 7, Cerro Casales, Lobo Marte y producción Sales De Maricunga” detalla el libelo.
«Lamentablemente la autoridad política avaló esto de forma irresponsable, sin contar con información propia y confiable que le permita conocer la realidad del salar y su entorno, y de esa manera tomar decisiones que permitan protegerlo adecuadamente. Esto sin considerar la forma grosera en que se pasó por encima de las comunidades en el proceso de evaluación ambiental, que al final se transformó una farsa en beneficio de un grupo económico con importantes conexiones políticas. Todo lo sucedido en relación con el proyecto Salar Blanco es tan burdo desde el punto de vista técnico y jurídico, que tenemos la plena confianza de que la justicia ambiental hará su trabajo y dejará sin efecto una resolución de calificación ambiental que amenaza con destruir el Salar de Maricunga con el único objetivo de beneficiar económicamente a una empresa inescrupulosa y a la red de clientelismo que ha logrado construir a nivel político, tanto regional como nacionalmente», concluyó Daza.
