En el marco de un proceso de fiscalización iniciado por una denuncia de la CASUB en contra del directorio de dicha Junta por graves faltas en la distribución de las aguas, el Juzgado de Letras acogió en primera instancia la solicitud de intervención por parte de la DGA. Sin embargo, la Junta dedujo oposición contra la medida, a lo cual el tribunal concedió la suspensión de la intervención.
El 25 de agosto pasado, la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas fue notificada de la Sentencia del 3°Juzgado de Letras de Copiapó, la cual acogió la solicitud de intervención de la Junta de Vigilancia del Río Copiapó. Lo anterior, a raíz de una larga investigación iniciada a partir de una denuncia contra la Junta por faltas graves en la distribución de las aguas, presentada en el mes de abril de 2019 por la Comunidad de Aguas Subterráneas de los sectores 5 y 6 del acuífero del río Copiapó (CASUB).
El director regional de Aguas, Rodrigo Sáez, sostuvo que la intervención está suspendida, puesto que el 1° de septiembre pasado la Junta presentó ante el 3°Juzgado de Letras de Copiapó una oposición a la medida decretada, por lo que la DGA deberá contestar los fundamentos de la misma al juzgado.
Según lo indicado en la solicitud de intervención presentada por la DGA el 2 de junio pasado ante el tribunal, las razones que fundan la decisión son abusos y graves desajustes en la distribución de las aguas, perjudicando injustificadamente y sin sustento jurídico ni técnico en alrededor de un 30% menos de recursos hídricos a la ciudad de Copiapó. Además de no tener un modelo de distribución actualizado.
La autoridad regional de la DGA, agregó que, “la Junta de Vigilancia del Río Copiapó fue requerida en varias oportunidades para el cumplimiento de una serie de medidas correctivas, lo cual solo ocurrió de manera parcial, sin abordar los aspectos más críticos, como lo es desarrollar un modelo de distribución de aguas conforme a derechos de aprovechamiento. Todos estos aspectos fueron considerados por el Tribunal para acoger la solicitud de intervención en agosto pasado”, comentó Sáez.
Mencionó que si bien el Director General de Aguas, Rodrigo Sanhueza, lo designó como interventor a contar del martes 5 de septiembre, asumiendo las facultades del directorio de la Junta por un período de 90 días, la medida tendrá que esperar hasta que el 3° Juzgado de Letras se pronuncie respecto a la oposición presentada por la Junta de Vigilancia.
La intervención implica que el directorio de la Junta de Vigilancia perderá sus funciones y atribuciones por un periodo de 90 días (prorrogables), las que recaerán en la Dirección General de Aguas con los equipos técnicos de la Junta de Vigilancia funcionando bajo instrucciones de la DGA.
Entre la principal medida de intervención considerada por la DGA, está el implementar el modelo de distribución de aguas que diseñó, el cual fue pieza clave del expediente administrativo que sustenta la acción del Servicio. “Dicho modelo cumple el estándar de ajustarse al respeto de los derechos de aprovechamiento de aguas superficiales y, además, actualiza la dinámica del río”, indicó Sáez.
