El máximo tribunal confirmó la vulneración de derechos fundamentales, apuntando a una demora injustificada en un sumario administrativo que se extendió por más de dos años.
En mayo de 2023, la funcionaria de salud municipal Jaqueline Lazo fue notificada del inicio de un sumario administrativo, proceso que incluyó su suspensión de funciones y el descuento de su remuneración. Frente a esta situación, recurrió a la Contraloría Regional de Atacama para exponer su caso.
Según relató, el organismo determinó que el alcalde no contaba con facultades para aplicar dichas medidas, ya que esa atribución corresponde exclusivamente al fiscal a cargo del sumario. Si bien se restituyó su sueldo, la suspensión se mantuvo.
Meses más tarde, en noviembre de ese mismo año, se registró un hecho que incluso alcanzó notoriedad nacional. En el CESFAM “Salvador Allende”, Centro de Salud familiar de la comuna, el alcalde de Tierra Amarilla, Cristóbal Zúñiga Arancibia, protagonizó un altercado al increpar duramente a funcionarios que se encontraban en paro debido a la falta de insumos y problemas de personal. Según registros del momento, el edil, visiblemente alterado, les gritó frases como “ustedes están mal” y “los voy a seguir acusando hasta que recapaciten y hagan lo que deberían hacer”, exigiendo la reapertura del recinto y calificando la movilización como una “falta de preocupación por los vecinos”.
Lazo, quien participaba en dicha movilización en su calidad de funcionaria y dirigente, aseguró que intentó dialogar con la autoridad comunal sin obtener respuesta. Posteriormente, solicitó una reunión formal que tampoco se concretó.
La situación se complejizó cuando el fiscal municipal a cargo del sumario renunció, lo que —según la denunciante— retrasó el proceso. No fue hasta 2024, y mediante la intervención de Contraloría, que se designó un nuevo fiscal, lo que permitió reactivar la investigación.
Ante estos hechos, la funcionaria interpuso una acción de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales y práctica antisindical en el Juzgado de Letras del Trabajo de Copiapó.
El tribunal acogió la denuncia y condenó al alcalde al pago de $4.000.000 por concepto de daño moral. Además, ordenó la realización de un curso de sensibilización en derechos fundamentales para las jefaturas del Departamento de Salud Municipal y del CESFAM, junto con la emisión de disculpas públicas.
Posteriormente, la Municipalidad de Tierra Amarilla recurrió a la Corte de Apelaciones de Copiapó, instancia que confirmó íntegramente la sentencia.
Finalmente, la Corte Suprema ratificó el fallo en todas sus partes, estableciendo que existió una vulneración de derechos, además de una demora injustificada en la tramitación del sumario administrativo.
El fallo del máximo tribunal es definitivo y no admite nuevos recursos judiciales.
En su resolución, el máximo tribunal subrayó que, si bien existen facultades para instruir sumarios y aplicar medidas preventivas, estas deben ejercerse de manera razonable, evitando afectar las garantías fundamentales de los funcionarios. Se trata de una facultad excepcional que debe aplicarse con criterio y proporcionalidad.
El abogado laboral de la denunciante, Raúl Weishaupt Hidalgo, sostuvo que este caso permitió acreditar en tribunales una vulneración de derechos fundamentales, particularmente a la integridad psíquica de la funcionaria, producto de una demora “excesiva y artificial” en la tramitación del sumario administrativo.
El jurista explicó que, según el Estatuto de los Funcionarios Municipales, este tipo de procesos debiese extenderse por un plazo de 20 días, pudiendo llegar excepcionalmente hasta 60. Sin embargo, en este caso —detalló— al momento de presentar la demanda ya había transcurrido cerca de un año y diez meses sin resolución, y actualmente el proceso supera los dos años sin concluir.
Asimismo, indicó que la Contraloría General de la República debió intervenir, dejando sin efecto parte del sumario por irregularidades en su tramitación.
En esa línea, destacó que los tribunales establecieron que esta dilación afectó la integridad psíquica de la funcionaria, ordenando medidas reparatorias que incluyen disculpas públicas —tanto en la página web institucional como mediante comunicación a los funcionarios—, capacitaciones en derechos fundamentales para las jefaturas de salud y la obligación de concluir el sumario a la brevedad.
“El fallo es relevante porque evidencia que la municipalidad vulneró normas del Estatuto Administrativo, principios de la Ley de Procedimientos Administrativos e incluso estándares de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, concluyó.
Según relató a Tierramarillano Chile, la dirigente gremial Jaqueline Lazo se refirió al origen del caso, señalando que el sumario en su contra se inició en mayo de 2023, tras una investigación previa que rápidamente escaló a un proceso formal, en el cual —según indicó— se le imputaron supuestos hechos de acoso laboral en el contexto de su labor sindical.
La funcionaria cuestionó además que, en una primera etapa, no se le habría garantizado el debido proceso. “Tengo la esperanza de que ahora se me dé el derecho de poder defenderme. En este país incluso las personas acusadas de delitos tienen derecho a defensa, y yo no lo tuve”, afirmó, tras la intervención de Contraloría que ordenó retrotraer parte del sumario.
En el plano personal, Lazo sostuvo que el proceso ha tenido consecuencias significativas. Aseguró que la situación ha afectado su estabilidad emocional y la de su entorno familiar, y que además ha visto comprometido su proceso de retiro, el cual —según explicó— tramita desde 2023, lo que podría implicar la pérdida de beneficios tras más de una década de servicio.
Pese a ello, destacó que recientemente fue reelecta como dirigente gremial, lo que —a su juicio— refleja el respaldo de los funcionarios. “Si la mayoría vuelve a elegirte, eso demuestra que no eres la persona que se ha intentado mostrar”, señaló.
Asimismo, precisó que actualmente se mantiene suspendida de sus funciones, aunque conserva su calidad de funcionaria pública y continúa ejerciendo como presidenta del gremio.
Finalmente, valoró el fallo judicial como un precedente. “Esto demuestra que ninguna autoridad puede pasar por sobre los derechos fundamentales. Es difícil, pero hay que atreverse a defender lo que uno considera justo”, concluyó.
SENTENCIA CORTE APELACIONES COPIAPO LAZO-TIERRA AMARILLA SENTENCIA CORTE SUPREMA LAZO-MUNICIPALIDAD TIERRA AMARILLA SENTENCIA RIT T-103-2023
