La capital regional recibirá $2.984 millones en 2026, mientras que Huasco ($2.434 millones) y Tierra Amarilla ($2.296 millones) también figuran entre las mayores asignaciones del país.
Una importante transferencia de recursos comenzó a concretarse en los municipios del país en el marco del royalty minero, mecanismo que busca fortalecer el financiamiento local y avanzar en mayor descentralización. Según información publicada por Emol, con datos de la Dirección de Presupuestos (Dipres), un total de 309 comunas están recibiendo estas asignaciones durante 2026.
En ese contexto, Copiapó se posiciona como una de las comunas con mayores ingresos del país, con una asignación anual de $2.984.341.917 provenientes del Fondo de Comunas Mineras (FCMI), ubicándose dentro del top 10 nacional.
A nivel regional, también destacan Huasco, que recibirá $2.434.912.180, y Tierra Amarilla, con $2.296.646.570, ambas comunas igualmente posicionadas entre las mayores asignaciones del país.
Estas cifras reflejan el peso de la actividad minera en Atacama y su impacto en la distribución de ingresos hacia los territorios. A nivel nacional, las dos primeras cuotas del año —pagadas en abril— ya suman más de $113 mil millones transferidos a los municipios, a través del Fondo de Comunas Mineras y del Fondo de Equidad Territorial (FET), este último orientado a reducir brechas entre comunas.
En el caso de la región, durante abril Atacama recibió cerca de $7.859 millones en estas primeras transferencias, consolidándose como una de las zonas con mayor volumen de recursos asociados al royalty. Este flujo responde a la implementación de la Ley 21.591, que establece un impuesto a la gran minería y permite distribuir del orden de US$450 millones anuales a regiones y comunas del país.
Junto con el impacto positivo en las arcas municipales, el proceso también ha abierto el debate sobre el uso de estos recursos. Diversos informes han advertido la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y priorización del gasto, considerando que se trata de fondos de libre disposición destinados a mejorar la calidad de vida de la población.
En este escenario, tanto Copiapó como el resto de las comunas de Atacama —y en general los municipios del país que reciben estos recursos— enfrentan ahora el desafío de traducir estos ingresos en proyectos concretos. La expectativa está puesta en una gestión eficiente, transparente y con foco en prioridades como seguridad, salud, infraestructura y desarrollo local, de modo que el royalty minero se transforme en mejoras reales y sostenibles para la ciudadanía.
