Una investigación del medio de comunicación nacional El Ciudadano detalla la trama judicial que se extendió por siete años y culminó con un veredicto unánime, en un caso marcado por polémicas decisiones del Ministerio Público y un inédito juicio impulsado sin la fiscalía.
Un extenso y complejo proceso judicial, marcado por controversias y múltiples giros, llegó a un punto decisivo en la Región de Atacama. El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Copiapó dictó un veredicto condenatorio unánime contra el ex intendente Francisco Sánchez, declarándolo autor del delito de estafa. En la misma causa, Rodrigo Albornoz fue condenado en calidad de cómplice.
Los antecedentes forman parte de un reportaje de investigación publicado por El Ciudadano, contenido compartido y autorizado para su reproducción, que da cuenta de una trama que se remonta a 2014, cuando Sánchez se desempeñaba como gerente de la empresa minera Atacama Kozan.
El esquema del fraude
De acuerdo con lo acreditado en juicio, el ex jefe regional habría implementado un esquema fraudulento mediante el cual cargaba gastos personales a la empresa, utilizando documentación contable falsa. Para ello, habría contado con la colaboración de un contador de su confianza, quien facilitó la emisión de facturas y registros adulterados, además de manipular los estados financieros para ocultar las irregularidades.
El tribunal estableció un perjuicio superior a los 218 millones de pesos. No obstante, los querellantes sostuvieron que el fraude podría alcanzar cifras mayores y haberse extendido por varios años, aunque estas dimensiones no pudieron ser abordadas en su totalidad debido a limitaciones procesales.
Un proceso fuera de lo común
Uno de los elementos más relevantes del caso fue la decisión del Ministerio Público de no perseverar en la causa, pese a haber desarrollado una investigación con abundantes antecedentes. Esta determinación obligó a la empresa afectada a asumir la persecución penal de manera autónoma, en un escenario poco habitual dentro del sistema penal chileno.
Tras obtener autorización judicial, los querellantes llevaron adelante el juicio oral sin la intervención de la fiscalía, lo que configuró un escenario excepcional para este tipo de delitos. Esta condición también implicó limitaciones, ya que solo pudieron acusar por los hechos previamente formalizados.
Retrasos y controversias
El proceso no estuvo exento de dificultades. La causa enfrentó retrasos, suspensiones y cuestionamientos, entre ellos la presentación de una licencia médica por parte de un integrante de la defensa, justo antes del inicio del juicio originalmente programado. Esta situación derivó en la reprogramación de la audiencia por más de un año, generando críticas por su impacto en los tiempos del proceso.
Posteriormente, surgieron antecedentes que pusieron en duda la extensión del reposo indicado, luego de que el profesional participara en otras instancias judiciales durante ese mismo periodo. A raíz de ello, el tribunal resolvió remitir los antecedentes al Ministerio Público para evaluar eventuales responsabilidades, sin que hasta ahora se conozcan resultados públicos.
Desarrollo del juicio
El juicio comenzó en febrero de 2026 y se extendió por cerca de dos meses, con la declaración de testigos, peritos y la revisión de abundante prueba documental.
Durante su desarrollo se registraron situaciones inusuales, como la incomparecencia de un testigo clave —pese a estar debidamente notificado—, lo que motivó órdenes de arresto que no pudieron concretarse. Asimismo, uno de los jueces debió abandonar la causa durante el proceso, lo que obligó a que el veredicto fuera adoptado de manera unánime para evitar su nulidad, conforme a la normativa vigente.
Cuestionamientos al Ministerio Público
El veredicto ha reactivado el debate sobre la actuación del Ministerio Público durante la etapa investigativa, particularmente bajo la conducción del entonces fiscal regional de Atacama, Alexis Rogat Lucero.
La decisión de no perseverar fue defendida como un criterio técnico, basado en que los hechos podrían encuadrarse en una figura penal distinta. Sin embargo, esta interpretación fue cuestionada por los querellantes, quienes sostuvieron la existencia del delito de estafa, figura que finalmente fue acogida por el tribunal.
En este contexto, también han surgido cuestionamientos respecto de la coherencia entre la decisión inicial de la fiscalía y el desenlace judicial del caso, así como menciones a eventuales vínculos posteriores entre actores relacionados al proceso, lo que ha generado observaciones en el entorno judicial.
Sentencia pendiente
La sentencia definitiva —incluyendo las penas— será dada a conocer el próximo 15 de mayo.
Este caso no solo expone una compleja trama de fraude empresarial, sino que también abre interrogantes sobre el funcionamiento del sistema de persecución penal en Chile, especialmente cuando involucra a figuras de poder e influencia.
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