Brigadas de auxilio extranjeras, líderes de la oposición y gremios de prensa reportan bloqueos burocráticos, acoso militar y restricciones logísticas que entorpecen la asistencia humanitaria a seis días del desastre.
A seis días de que dos violentos terremotos sacudieran el norte de Venezuela, las labores de asistencia se desarrollan en un escenario de extrema tensión. Diversas delegaciones de rescatistas internacionales que viajaron para colaborar en la emergencia han comenzado a denunciar públicamente una serie de obstáculos e interferencias operacionales provocadas por las autoridades de ese país.
Una de las situaciones más complejas fue visibilizada por Francisco Lermanda, líder de la agrupación de rescate Topos Chile. El especialista acusó que el personal del Ejército venezolano mantiene un constante hostigamiento sobre los brigadistas, sometiéndolos a reiterados controles de identidad bajo la sospecha de que podrían estar ejerciendo labores de espionaje para Gobiernos extranjeros.
Lermanda relató a medios locales que los efectivos castrenses ingresan de manera constante a los perímetros de estructuras colapsadas, e incluso a los túneles donde trabaja el personal técnico, para exigir documentación. De acuerdo con el testimonio del jefe de la organización chilena, los militares justificaron los insistentes chequeos señalando tener órdenes superiores de vigilarlos ante el temor de que se trate de supuestos espías de Estados Unidos o de Chile.
La problemática no solo afecta a quienes ya se encuentran en el terreno de la catástrofe. La burocracia estatal también ha frenado el arribo de más especialistas, como ocurrió con el contingente español Usar13. El grupo civil debió cancelar su despliegue y regresar a su país tras permanecer dos días varado en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, debido a las exigencias y demoras en los trámites migratorios oficiales impuestos por la embajada venezolana.
En la misma terminal aérea europea se reporta que escuadras de socorro provenientes de Francia y el Reino Unido continúan a la espera de autorizaciones de vuelo para poder trasladarse a Caracas y sumarse a las tareas de apoyo, según confirmaron coordinadores civiles del voluntariado.
A este complejo panorama internacional se suman las dificultades internas para la distribución de suministros básicos. Dirigentes políticos locales denunciaron el bloqueo de la ayuda humanitaria inmediata en los sectores afectados. Desde el estado de Barinas, voceros de la oposición señalaron que los camiones de carga deben sortear decenas de puestos de control militar que retrasan los viajes, a lo que se suma la falta de prioridad en el abastecimiento de combustible para los vehículos de emergencia que transportan medicinas y herramientas esenciales.
En este alarmante contexto, tal como lo reportó originalmente el portal chileno Emol, las restricciones del régimen chavista se han extendido incluso al ámbito de la información general y al libre desplazamiento de figuras públicas. Por su parte, la red de noticias France24 complementó el panorama informando la actualización de los datos entregados por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien confirmó que al momento se reportan al menos 1.943 personas fallecidas.
Este drástico incremento en la cantidad de víctimas mortales —en comparación con los primeros balances oficiales— refleja la magnitud del impacto a medida que las cuadrillas logran remover las capas superficiales de los escombros. El recuento sigue en desarrollo debido a que los sismos del pasado 24 de junio tomaron por sorpresa a miles de ciudadanos en puntos densamente poblados del norte del país, donde el conteo de desaparecidos sigue siendo impreciso.
En el ámbito de la prensa, los obstáculos para dar cobertura a los daños y salvamentos han generado profunda preocupación en los gremios de las comunicaciones. El Ejecutivo suspendió temporalmente un sistema de traslado controlado que disponía para los equipos periodísticos hacia los sitios del desastre, argumentando razones de seguridad y la necesidad de mantener el silencio en las áreas donde aún se buscan supervivientes. No obstante, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) rechazó estas limitaciones territoriales, argumentando que obstaculizar los reportes en terreno perjudica la gestión de la crisis sanitaria.
Evaluación satelital revela daños estructurales masivos y crisis humanitaria aguda
La gravedad de la tragedia también se evidencia en el análisis internacional. Evaluaciones preliminares de la NASA mediante imágenes de radar estiman que unos 58.870 edificios resultaron dañados o destruidos por el doble sismo. La franja de afectación se extiende por unos 210 kilómetros desde la capital, Caracas, hasta Puerto Cabello, concentrándose la mayor deformación de terreno cerca del epicentro situado entre San Felipe y Yumare.
Por su parte, organismos dependientes de Naciones Unidas encendieron las alarmas por el rápido desabastecimiento en los cuadrantes afectados. La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) reportó un veloz deterioro humanitario, indicando que cerca de 16.000 ciudadanos se vieron obligados a abandonar sus hogares, mientras que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) calculó la acumulación de 1,2 millones de toneladas de desechos de construcción tan solo en la zona de La Guaira.
Ante el colapso de los servicios básicos y la escasez de alimentos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el sistema sanitario local enfrenta una presión extrema debido a la saturación hospitalaria, el retraso de cirugías de urgencia y el potencial brote de enfermedades en los campamentos de desplazados. Mientras tanto, el oficialismo venezolano informó el despliegue de más de 30.000 funcionarios de seguridad en La Guaira con la premisa de resguardar el orden público y coordinar la logística estatal en las próximas horas, consideradas críticas para la localización de personas con vida.
