Este jueves 4 de julio, el Concejo Municipal de Copiapó aprobó $83.504.392 millones de pesos para el mejoramiento de la Planta de Tratamiento del Villorrio de San Pedro, medida que busca resolver el problema sanitario y de malos olores que la misma origina.
La Concejala Paloma Fernández Valdés se mostró crítica a la medida, siendo la única integrante del Concejo que la rechazó. Además, Fernández, puntualizó que esta no es una solución real y definitiva para la comunidad de San Pedro. “Más aun cuando se han invertido miles de millones de pesos correspondientes a recursos públicos en la construcción de una nueva planta de tratamiento, la cual hace cuatro meses culminó su instalación y aún no se encuentra operativa, por lo tanto, resulta preocupante seguir derrochando recursos en soluciones parche.” Al respecto, el Alcalde Marcos López indicó que el rol del municipio es mejorar su funcionamiento, “esa planta es lo que es, por lo tanto, hay que trabajar en ella.”
Sin embargo, ¿puede una planta de tratamiento ubicada en medio de una plaza, frente a un jardín infantil y en medio de un villorrio, efectivamente dejar de ser un problema sanitario?
Además, resulta confuso entender el real costo de mantenimiento que genera esta planta y que en palabras del Gerente General de la empresa Amffal, Sebastián Pino Labarca sería superior al costo de mantenimiento de la nueva planta. Quien indicó a un medio local, “el llamado al municipio es darle mayor fluidez y la puesta en marcha de la planta, la idea es que trabajemos todos en conjunto, hay mucha distancia en los 30 millones de pesos que ellos creen que cuesta el mantenimiento, versus los 9 millones que realmente sale mantener mensualmente la planta”.
Por lo tanto, en su rol fiscalizador la Concejala Paloma Fernández Valdés, rechazó esta licitación, considerando diferentes puntos, tales como que la actual planta de tratamiento está subdimensionada y que por eso se va a readecuar; además, debiese contemplar una plana de operarios que realicen una mantención diaria e incorporar controles de la salida de aguas así como definir sus usos. “Seguir invirtiendo en ella podría significar, nuevamente, una falta a la eficiencia administrativa” argumentó Fernández quién recordó también que existe un proceso sumarial por deficiencias legales en el contrato de la planta nueva.
“Hace tres años se difundieron a través de la Prensa Local, los resultados de compromisos adquiridos por el Gobierno Regional con Dirigentes de La Coordinadora de Organizaciones Sociales de los Sectores Bajos y aún no se han visto concretados, mientras continúa afectada la calidad de vida y la dignidad de la comunidad y se siguen tirando recursos públicos a la basura”, concluyó la Concejala Paloma Fernández Valdés.
