Por: Rafael Prohens Espinosa, Candidato a Senador por Atacama
Los 1.313 niños, niñas y adolescentes muertos en 11 años en el Servicio Nacional de Menores (SENAME), han impactado hondo en el corazón de todos, tornándose en una bofetada que nos despierta a una realidad brutal, y que desnuda los errores que como sociedad hemos cometido.
La realidad local, no dista de lo que hemos conocido a nivel nacional tras la polémica que causó el rechazo del informe de la Comisión Investigadora del SENAME II, que asignaba responsabilidades y desnudaba las principales falencias del Servicio. Este informe en Atacama determinó la muerte de 11 niños, niñas y adolescentes de la red.
Primero es necesario entender que el Estado de Chile, a través del SENAME, establece un sistema de atención a la infancia por medio de una red de organismos colaboradores (OCA), a quienes les entrega una subvención delimitada por la Ley N° 20.032, para que con dicha transferencia económica, se brinde una atención psicosocial de calidad que apunte a restituir los derechos vulnerados.
Pero estos recursos no bastan para brindar las condiciones mínimas a los niños, niñas y adolescentes, por ejemplo en un centro residencial, que necesitan infraestructura y alimentación adecuada, atenciones de salud de calidad y oportuna (sobre todo en las prestaciones de salud mental), y personal de turno suficiente y con la preparación necesaria. Tampoco cuentan con un proceso psicológico reparatorio que cumpla en forma y tiempo, con la efectividad de una intervención con la familia de origen para que logren desarrollar aquellas competencias parentales descendidas, o la búsqueda y preparación de familia extensa o adulto significativo. Ahora bien, si no es posible reintegrar al niño a su familia de origen, es deber del Estado restituir a ese niño su derecho a tener una familia definitiva que le permita crecer y desarrollarse en un ambiente socio emocional sano, de protección y afecto.
La falta de lo antes descrito redunda en la permanencia por años de los niños y adolescentes en las residencias, manteniendo una conducta emocional disruptiva al interior de ellas, y sufriendo situaciones de vulneración de derechos.
En este último punto, cobra vital relevancia la necesaria y urgente modificación a la Ley de Adopción, y se debe acelerar y perfeccionar las medidas de protección que deben dictar los Tribunales de Familia.
Tanto en el área de protección, como en justicia juvenil, se viven realidades complejas, niños y adolescentes con graves desajustes emocionales y conductuales; profesionales insuficientes, y sin la preparación técnica adecuada para brindar un proceso de intervención psicológico y social de calidad. Además, las bajas remuneraciones producen una alta rotación, lo que implica cientos de intervenciones interrumpidas y confianzas quebrantadas.
En nuestra región existen 6 centros residenciales, con aproximadamente 120 niños, niñas y adolescentes al cuidado de la red SENAME, donde, como señala el informe de la Comisión Investigadora, también se vive una “cultura de desprotección de derechos”. Hoy además, dado todas las deficiencias y cuestionamientos mencionados anteriormente, la Provincia de Copiapó no cuenta con una residencia especializada para adolescentes mujeres.
El ex Presidente Sebastián Piñera propone profesionalizar y mejorar las capacidades de quienes trabajan con la infancia vulnerada. Es una realidad que la falta de funcionarios y la preparación de muchos de ellos, resultan insuficientes para dar cobertura técnica a todos los proyectos residenciales y ambulatorios que asumen los Organismos Colaboradores, por lo que el rol del SENAME se reduce a un control escaso y distanciado en el tiempo, y no a lo que debiese ser en su rol de experto de los derechos de niños y adolescentes.
En este mismo sentido, que en la urgente e imperiosa reforma al sistema, es necesario incluir que el cargo de Director Nacional de SENAME, y por ende, de los Directores Regionales, sea por un tiempo de 8 años, y de esta forma permitir que efectivamente exista un lineamiento técnico sólido, y se puedan consolidar buenos resultados.
Se debe aprobar de forma urgente la ley que crea 2 nuevos y modernos servicios públicos de cuidado y protección de los niños y adolescentes vulnerables. El Servicio Nacional de Protección de la Infancia y Adolescencia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, y el Servicio Nacional de Responsabilidad Penal Adolescente, dependiente del Ministerio de Justicia.
Nuestros niños vulnerados necesitan con urgencia que el Estado asuma su responsabilidad con ellos, y que el tema infancia deje de tener un tinte político y se transforme en una prioridad País. Llegar al SENAME no debería ser el final del camino como en la práctica lo es; ello porque ha faltado una mirada superior en el manejo político de una problemática real, cercana a la gente más deprivada económica y socialmente.
Sin embargo, más allá de las consideraciones anteriores, debemos asumir que cuando un niño, niña o adolescente llega a manos del SENAME es porque fallaron todas las instancias anteriores y esa es, precisamente, nuestra gran responsabilidad como sociedad. Esto nos lleva a reflexionar profundamente respecto de cómo el conjunto articulado de procesos políticos y sociales influye de manera directa en la protección de nuestros niños y jóvenes, siendo ésta la tarea principal de quienes nos gobiernan o aspiramos a gobernar. Definitivamente, de la forma en que las personas nacen, viven, crecen, juegan, trabajan y envejecen dependerá de lo bien que lo hagamos como sociedad, esa es nuestra responsabilidad pues la política, en este caso, es el aseguramiento del bienestar a gran escala.
Basta de perder tiempo y recursos económicos en más diagnósticos ¿será necesario escuchar más desgarradores testimonios para tomar las acciones necesarias y detener la tragedia que viven nuestros niños, niñas y adolescentes?
