Por Luis P. Morales Vergara. Ingeniero, magister en ciencias tecnología e innovación
Mientras Chile deja de ser el líder sudamericano en índices de innovación, en octubre 2023 encontramos el reporte del Banco Central sobre la caída del IMACEC de un 0,9% en agosto en comparación con igual mes del año anterior, en una contracción más alta que lo proyectado por los analistas que estimaban una baja de 0,2% situación que impacta en el deterioro del empleo. Producto del cambio climático, los nuevos acuerdos internacionales y la naciente reglamentación nacional, los distintos sectores productivos de Chile apuestan por la incorporación de tecnología sustentable que puedan dar continuidad a las operaciones en donde las comunidades – cada vez con más peso específico – tiene la llave de acceso a los territorios en donde se instalarán los nuevos proyectos.
Pero este cambio tecnológico y social también posee brechas por superar. De acuerdo con el Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería ISCI de la Universidad de Chile, se advierte que las metas trazadas por la Política Energética Nacional y la Ley Marco de Cambio Climático, en alcanzar un 80% de energías renovables al 2030, y lograr un 100% de energía libre de emisiones al 2050, requerirá de un salto de casi cinco veces en la capacidad de generación estimada para 2030 de los sistemas de almacenamiento actualmente en desarrollo. Aquí, es donde aparecen como alternativa tecnológica los sistemas de almacenamiento de energía BESS como derivada de la pendiente inversión púbica en transmisión de energías que aqueja al país.
Sin embargo, la tecnología BESS requiere reducir incertidumbres en los procesos de evaluación ambiental ya que hoy son presentado al sistema con una solicitud de pertinencia, pero el ejecutivo prepara modificaciones reglamentarias que involucraría la presentación de un estudio de impacto ambiental para un sistema tecnológico que posee un área reducida para su operación. Esta abierta contradicción, que impactará principalmente los tiempos de aprobación y puesta en marcha de los proyectos, plantea el análisis necesario a la programación de los tiempos de descarbonización de Chile, lo cuales se suman a la paradoja del nuevo servicio de biodiversidad y áreas protegidas que duplica las funciones de fiscalización y pronunciamiento con más de 10 organismos públicos con competencias ambientales.
